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¿Por qué el gobierno quiere poner un impuesto del 2% a la Canasta Básica?

¿Por qué el gobierno quiere poner un impuesto del 2% a la Canasta Básica?

Recientemente el texto sustitutivo del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que propone transformar el impuesto de ventas para introducir el IVA o impuesto al valor agregado, en discusión en la Asamblea Legislativa, pretende gravar la canasta básica con un 2% de éste impuesto.

Con esta reforma se pretende gravar más de 200 artículos que componen la Canasta Básica Tributaria, entre éstos arroz, frijoles, huevos y carne, tal y como lo determina el Ministerio de Hacienda. En contraposición, en la actualidad éste tipo de productos de consumo básico se encuentran exonerados.

Con el cambio del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, el Ministerio de Hacienda considera que resultaría menos perjudicial para el consumidor, y para la recaudación tributaria, gravar la canasta básica de la manera propuesta debido a la forma en cómo funciona éste impuesto.

La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta si, con el cambio al IVA, introducir un impuesto del 2% a la Canasta Básica beneficia al consumidor final o no pues existen muchas variables en ésta dinámica.

Del argumento esgrimido por el Ministerio de Hacienda, lo que no me cabe duda es que sí colaboraría con la recaudación tributaria ya que la incorporación de éste impuesto, gravando la canasta básica, generaría información a Tributación Directa sobre toda la cadena de valor de la producción, es decir sobre las ventas de los productores e industriales lo que podría resultar determinante para establecer el impuesto sobre la renta.

Esto resulta así porque como los impuestos al valor agregado pagados anteriormente por el vendedor de productos básicos son acreditables, es decir, se pueden descontar de la deuda tributaria que debe pagar el vendedor final por concepto de impuestos al valor agregado, éste se verá obligado a reportar a la administración tributaria exactamente todas las compras de productos y/o servicios realizadas en los cuales tuvo que pagar impuestos para poder descontarlos, lo que genera información fundamental para trazar las ventas de todos los productores, que anteriormente escondían o reportaban menos para evadir los pago de impuestos, lo que ayuda a determinar el nivel de ventas de éstos y eventualmente calcular el impuesto de renta. Esto se conoce como trazabilidad.

Lo que resulta casi incuestionable es que en general los precios de todos los productos, independientemente si se grava o no la canasta básica, subirán cuando se implemente el IVA por el simple hecho que al ampliar la base, es decir, al cobrar impuestos a servicios o productos no gravados anteriormente, aumentarán en general los costos de producción, costos que se deben trasladar a los precios.

Una vez dicho esto, entonces, ¿cómo podría un impuesto al valor agregado del 2% a los productos de la canasta básica hacer que estos salgan más baratos que si se exoneran?

La respuesta que daría un personero del Ministerio de Hacienda es que el vendedor final puede acreditar los impuestos pagados cuando compró el inventario y deducirlos como ahorros del precio de venta final. En otras palabras, cuando el vendedor final, digamos que el pulpero, compró una lata de atún, para revenderla, en 800 colones, pagó un impuesto al valor agregado IVA del 2%, es decir 16 colones y a la hora de vender esa misma lata al consumidor final, digamos que en 1.000 colones, luego de agregar su margen de utilidad, debe pagar un impuesto del mismo 2%, es decir 20 colones, sin embargo puede deducir el precio por concepto de impuesto pagado anteriormente.

Entonces el pulpero se acredita los 16 colones pagados anteriormente y únicamente transfiere a la administración tributaria 4 colones, que sería la diferencia entre el impuesto pagado y el impuesto cobrado al consumidor.

Si el producto, la lata de atún en éste caso, se encontrara exento del impuesto del valor agregado, de acuerdo a como se encuentra planteado el proyecto, el pulpero no puede acreditar éste monto y lo debe traducir como un costo lo que podría, en caso de transferir éste costo al consumidor final, incrementar el precio del producto aún más. Es necesario recordar que los productos de la canasta básica son bastante ineslásticos, por lo que muy probablemente los precios sufrirán incrementos en lugar de que dichos costos sean asumidos por el vendedor.

En otras palabras, en caso de exonerar la canasta básica, el vendedor final al asumir los 16 colones pagados anteriormente por concepto de impuesto como un costo, haría que el producto se encareciese en 12 colones netos (16 colones que no puede acreditar menos 4 que no pagaría si el producto se encontrara exento) con respecto que si tuviese que pagar el 2% de impuesto al valor agregado si el producto se encuentra gravado.

Hasta aquí lo que sucede, de acuerdo al proyecto actual, es que, si la canasta básica, se grava con un 2% de impuesto al valor agregado, un producto que cueste 1.000 colones se encarecería en aproximadamente 20 colones a través de toda su cadena de valor, es decir exactamente en un 2%, mientras que si el producto se encuentra exento, el costo del mismo se incrementa, por el hecho que al vendedor final le cuesta más caro el producto ya que no dispone del ahorro producto de la acreditación de impuestos.

Reitero que, partiendo de cómo se encuentra plateado el proyecto, si la discusión se centra en gravar o no la canasta básica, la mejor solución para evitar un impacto mayor en los precios sería gravarla de acuerdo con la propuesta presentada por el ejecutivo.

De cualquier manera, con cualquiera de éstas soluciones los productos de consumo básica se encarecerán, lo que podría tener un impacto negativo en el sector de familias más vulnerables de la sociedad ya que de acuerdo con Andrés Fernández, economista y estadístico, un aumento del 2% en los productos podría eventualmente incrementar el número de hogares que viven en pobreza en un 6%.

Ya que el IVA es necesario y que gravar la canasta básica con un 2% de impuestos resulta menos gravoso para los interesados, sería necesario revisar las barreras arancelarias y no arancelarias que encarecen los productos de consumo básico para evitar un impacto en las familias más pobres de Costa Rica.

¿Cuáles son las posibles soluciones?

Teniendo en cuenta que la introducción del IVA es necesaria para agregar un poco de ingresos frescos al gobierno en momentos de crisis, me parece que los legisladores costarricenses tienen tres caminos: acoger el impuesto del 2% gravando la canasta básica, exonerar de impuestos toda la cadena de valor de los productos de la canasta básica o bajar aranceles y restricciones a la importación de productos de consumo básico.

Dado que posiblemente exonerar de impuestos a toda la cadena de valor para la producción de productos de la canasta básica traería algunas complicaciones graves para los objetivos del Ministerio de Hacienda, me parece que la única solución para minimizar el impacto en la población en general sería acoger la aprobación del impuesto del 2% a la canasta básica pero en mi caso sería un requisito sine qua non meterle mano a los arancelas y a las restricciones a la importación de los productos de consumo básico que mantiene Costa Rica.

En éste sentido, Costa Rica mantiene restricciones a la importación de productos como el azúcar, la leche, la carne de pollo o de cerdo que únicamente con la consigna de proteger a éstos sectores encarecen los productos teniendo el pueblo que pagar sobreprecios por las ineficiencias propias de cada sector.

De igual manera, por ejemplo, Costa Rica mantiene un arancel del 65% a la importación de arroz, lo cual es un costo que pagamos todos. Si quitáramos éste arancel no importaría que graváramos dicho producto con un impuesto del 15% ya que aún así el arroz sería 40% más barato de lo que es hoy en día.

En conclusión, ya que el IVA es necesario y que gravar la canasta básica con un 2% de impuestos resulta menos gravoso para los interesados, sería necesario revisar las barreras arancelarias y no arancelarias que encarecen los productos de consumo básico para evitar un impacto mayor en las familias más pobres de Costa Rica.

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